Los portavoces de los distintos grupos tuvieron que tomar posición al respecto en las ruedas de prensa que suelen ofrecer los martes por la tarde en la sede del Parlamento catalán.

La Audiencia Nacional absolvió ayer a los acusados de delitos contra las instituciones por manifestarse, en la línea del 15-M, contra los recortes y los representantes políticos, algunos de los cuales fueron zarandeados.

Desde CiU, Jordi Turull justificó la presentación y aprobación del recurso porque la sentencia es "un auténtico despropósito", el límite del derecho de manifestación es la violencia y la absolución de los acusados sienta precedente al consentir con cosas que "se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban".

Enric Millo, del PP, calificó el cerco al Parlament de "claro ataque a la democracia en Cataluña", que en su opinión requería "una respuesta contundente del Estado democratico de derecho", no una sentencia exculpatoria.

Inés Arrimadas, de Ciutadans, señaló que el mal dispositivo policial de la Consejería de Interior "no justifica el asedio ni las muestras de intimidación y coacción", y coincidió con Turull en que "la libertad de expresión y de manifestación son sagrados, pero no se puede pasar una linea roja, la violencia, y ese día se pasaron".

EN CONTRA

Por el contrario, en nombre de ICV, Joan Mena rechazó que el Parlamento presente un recurso como institución contra una sentencia que, a su juicio, es "una nueva derrota del intento de los gobiernos de derecha de criminalizar las movilizaciones sociales" y limitar del derecho de manifestación. En esa línea, pidió al Parlamento que "dé por cerrado" el asunto tras la decisión de la Audiencia Nacional.

Desde las CUP, Quim Arrufat admitió que aquella manifestación "tuvo episodios fuera de lugar", pero acusó al dispositivo policial montado por el exconsejero de Interior Felip Puig de esconder "una intencionalidad política", la de crear escenas de pánico para luego "criminalizar" a los manifestantes.

Criticó que se utilice el término militar de "asedio" para calificar los hechos y que sea un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional quien los juzgue.

Con argumentos parecidos pero el resultado distinto de la abstención percibe los hechos ERC, partido que condenó "absolutamente" la intimidación a los diputados, preferiría que juzgara los hechos el TSJ de Cataluña, pero tampoco quiere que las protestas comporten una de prisión. "El límite entre el derecho de protesta y la intimidacion es un límite delicado", advirtió.

Finalmente, Maurici Lucena, del PSC, criticó tanto un dispositivo policial que tachó de "inadecuado" como el que los altercados impidieran un normal funcionamiento de las instituciones. Pero no clarificó cuál será el sentido del voto de los socialistas en la Mesa de mañana, asegurando que se decidirá y anunciará "en las próximas horas".