La discrepancia quedó patente en el debate entre los tres aspirantes a la Secretaría General del PSOE, al hablar sobre sus medidas contra la corrupción y para facilitar la regeneración política.

Pedro Sánchez se comprometió con una “honradez intransigente” y puso como ejemplo la actitud de los socialistas andaluces ante el caso de los ERE, porque han actuado “con contundencia” creando una comisión de investigación en el Parlamento autonómico y con la asunción de responsabilidades políticas.

Pidió al Poder Judicial el cierre de la instrucción y que empiecen a dirimirse responsabilidades judiciales que preocupan a todos los socialistas, “la primera” a la presidenta autonómica, Susana Díaz.

Defendió además las propuestas aprobadas en la Conferencia Política para endurecer el Código Penal para delitos vinculados con la corrupción, restringir los indultos y la dimisión en caso de apertura de juicio oral. Además, sin caer en “asamblearismos”, defendió mecanismos de consulta a los militantes sobre las grandes decisiones políticas de la dirección.

Respecto a la posibilidad de defender un referéndum sobre monarquía o república, abogó por “reivindicar el sentir republicano” del partido pero siendo “coherentes” con la propia histórica política y aprovechando el proceso de regeneración para cerrar la brecha entre las instituciones y los ciudadanos.

Madina también puso como ejemplo a los socialistas andaluces “siendo los primeros” en buscar las verdades de ese caso, y abogó por la creación de una sala específica de la Audiencia Nacional para investigar casos de corrupción y evitar con ello diferencias en los procedimientos en función de los territorios.

Se comprometió a trasladar a España la legislación sobre transparencia vigente en Reino Unido por considerarla la más avanzada, a restringir los indultos a condenados por corrupción, y a aprobar un código deontológico que incluya la necesidad de dejar los cargos públicos en el momento de apertura de juicio oral.

Sin embargo, después de que Pedro Sánchez se mostrara partidario de eliminar los aforamientos, le advirtió de la necesidad de no sumarse a “olas” que suenan bien en materias tan “serias” como el aforamiento. “Si yo atraco una panadería” siendo diputado, explicó, está bien ir a la jurisdicción ordinaria, pero si en la labor parlamentaria se defiende a los trabajadores y un “sindicato de ultraderecha pone una querella”, en ese caso “tengo que estar protegido”.

Tapias defendió “permisividad ninguna” frente a la corrupción y aseguró que ante el actual panorama de desconfianza de los ciudadanos en la política la imputación por presunta corrupción “ya obliga” a dejar el cargo público. Si luego es inocente, dijo, nada impide “que vuelva por la puerta grande” a la actividad política, aunque no pueda ser al cargo que ocupaba.

Coincidió con Sánchez y Madina en que el proceso judicial por los ERE parece “el cuento de nunca acabar”, pero aseguró que hubiera sido diferente en cuanto al “desgaste” interno si todos los salpicados en la Junta y en el PSOE hubieran asumido sus responsabilidades políticas, porque hay algunas que “no se han asumido” y por ello algunos pueden estar “tapándonos la boca” en la crítica a otros casos.

En las preferencias ante una reforma constitucional, la primera para él sería derogar “la piedra de molino atada a la sostenibilidad del estado del bienestar” que supone la obligación del pago de la deuda, incluida en una reforma en la que algunos como él se opusieron “por lealtad” a los principios socialistas.

Ante una monarquía que tiene “cierto aire de restauración” considera que un proceso constituyente “en unas condiciones adecuadas ”podría permitir al PSOE “mantener las posiciones republicanas” que siempre ha tenido.