Así se recoge en un real decreto que regula varios aspectos relativos a Aena, los drones, los puertos y la seguridad ferroviaria. Dicha congelación de las tasas forma parte del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), el texto legal que regulará las relaciones entre el Estado y Aena, una vez sea privatizado el 49% del capital del gestor aeroportuario.

Se tratará de planes quinquenales relativos a materias como tarifas, condiciones de calidad, estándares deservicios, capacidad y accesibilidad, además de aspectos relativos a las inversiones.

En cuanto a las críticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recomienda al Gobierno una privatización por aeropuertos y no en red, Pastor sostuvo que “el Gobierno defiende un modelo en red de los aeropuertos españoles para garantizar que haya una red de aeropuertos, preservar el servicio público y la movilidad de los ciudadanos”.

DRONES

Por su parte, en lo relativo a drones, el real decreto fija su regulación para permitir el impulso de esta actividad económica garantizando la seguridad.

Pastor destacó que gracias a esta regulación “podremos tener drones trabajando en actividades de inspección de infraestructuras, de filmación de películas y fotografía deportiva, de búsqueda de bancos de peces, de Lucha contra incendios o de salvamento marítimo”.

También pone el foco en la prevención de actividades que puedan poner en peligro la actividad aérea como, por ejemplo, los punteros láser.

Por otro lado, en materia portuaria establece la ampliación de 35 a 50 años del plazo máximo de las concesiones, a cambio de mejoras en los accesos o de rebajas del 20% de las tarifas a los usuarios, y la creación de un fondo para financiar obras que se nutrirá de préstamos de los puertos con beneficios, que aportarán la mitad de sus ganancias.

Estos cambios, según la ministra, permitirán movilizar unos 150 o 200 millones de euros anuales y generar más de 100.000 empleos en diez años.

Por último, en materia ferroviaria, el decreto permitirá que la futura Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria pueda emitir recomendaciones técnicas para favorecer el cumplimiento del reglamento de seguridad ferroviaria.