Los sindicatos denuncian que el Ejecutivo está recortando los recursos de estos servicios, con una reducción del 50% en la partida presupuestaria destinada a su modernización, mientras que publica el listado de las 80 entidades que se verán recompensadas por sus labores de intermediación.

“La colaboración público-privada puede ser positiva, siempre que no suponga un recorte en los servicios públicos y su asfixia para financiar a las entidades privadas”, señalan las organizaciones sindicales en un comunicado.

De esta forma, afirman que se está produciendo un “desmantelamiento” de los servicios públicos de empleo a la vez que se corre el riesgo de que los desempleados se conviertan en “mera mercancía” al confiar a las agencias privadas este servicio.