Así lo ha concluido el Tribunal Constitucional, que ha desestimado el conflicto positivo de competencia que había planteado el Gobierno de Mas contra el real decreto 1052/2002, de 11 de octubre, que regula el procedimiento para la evaluación del profesorado contratado universitario por parte de Aneca.

Según informó el Constitucional, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, cuenta con los votos particulares de la vicepresidenta de este tribunal, Adela Asua, así como de los magistrados Encarnación Roca, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés Dal-Ré.

Esta resolución argumenta que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, “la competencia autonómica en materia de evaluación y garantía de la calidad del personal docente e investigador, se configura como una competencia compartida entre el Estado y la comunidad autónoma”.

Ello implica, según se afirma en la sentencia, “se produce una coexistencia, entre el Estado y la comunidad autónoma en el ejercicio de las funciones de evaluación y acreditación del profesorado contratado”.

“SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL”

El pleno del Constitucional explica, a continuación, que los ejes que justifican el procedimiento de acreditación previsto en el real decreto son dos: la unidad del sistema universitario estatal y el reconocimiento del derecho a la movilidad del profesorado contratado.

Según esta resolución, “la existencia de un sistema universitario nacional, en el que el Estado ha de actuar como garante de la calidad de la enseñanza universitaria, justifica la existencia de mecanismos de interconexión universitaria, como es, en este caso, la fijación de un estándar común de competencia profesional para el profesorado contratado, que contribuya a objetivar la idoneidad y capacitación de este profesorado y garantice la igualdad de competencias profesionales en todo el territorio”.

“La selección de este profesorado de forma homogénea y en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional”, se añade en la sentencia, “viene, además, a permitir el reconocimiento del derecho a la movilidad de estos profesionales, haciendo factible el ejercicio de su actividad en condiciones de igualdad en cualquiera de las universidades españolas”.