Este órgano también denunció, apoyándose en datos del Tribunal de Cuentas, que Canarias, Murcia, Extremadura, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid tardan en conceder la prestación por dependencia una media de 210 días.

Del mismo modo, el informe presentado alerta de que en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía y Asturias se puede llegar a tardar una media de 300 días en concederla, aunque los expertos sostienen que el Gobierno asturiano no ha proporcionado datos al respecto y ha sido el propio Tribunal de Cuentas el que ha realizado el cálculo por su cuenta.

“Es necesario que todas las comunidades autónomas cumplan con su obligación; más en un momento como el actual. Se trata de dotar de eficiencia a un sistema sobre el que ha caído el peso de los recortes. Sólo desde la profesionalización y una financiación efectiva se podrá poner en valor la importancia del sistema de dependencia”, explicó María de los Ángeles Sánchez Trillo, secretaria general de Lares en Castilla-La Mancha.

Se calcula que en España hay unas 200.000 personas que han sido valoradas y reconocidas como dependientes pero que todavía no han recibido ningún tipo de prestación.

“El problema es de financiación, lo que supone un verdadero inconveniente, ya que se corre el riesgo de volver al pasado y que sean las familias las que cuiden de sus dependientes”, expuso Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO.

SECTOR GENERADOR DE RIQUEZA

Los expertos sostienen que ocho años después de la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia existe en España un 42,81% de servicios prestados por cuidadores no profesionales, frente al 13,95% de servicios de atención residencial, 12,71% de servicios de atención domiciliaria y 12,53% de teleasistencia.

Del mismo modo, coinciden en señalar que los recortes derivados de la crisis económica se han cobrado 28.000 empleos, especialmente entre las mujeres, en el sector de la dependencia, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)

“Si se invirtiera el porcentaje de cuidadores no profesionales en servicios de residencia, se crearían 125.000 nuevos empleos. Este no es un sector de gasto; es un sector de inversión, que genera riqueza y puestos de trabajo”, subrayó Jorge Guarner, presidente de Aeste.

Así pues, los expertos denuncian que en España se cierran 400 residencia cada año, en un sector en el que por cada euro invertido se obtiene 1,20 de retorno. "Somos un sector que genera riqueza al país. No pedimos ser subsidiados simplemente que se nos tenga en cuenta", afirmó Guarner.

Por último, los expertos defienden que el Estado desarrolle una normativa estatal de acreditación de servicios profesionales de calidad que respondan a las distintas necesidades de las personas dependientes y que acabe con el abanico de normas en todos los niveles de la Administración.

“Es necesario que el Estado tome las riendas de la situación y cree una normativa estatal de acreditación de servicios profesionales que ponga fin a las 671 normas que existen a nivel autonómico y a las 134 existentes en el ámbito autonómico”, concluyó José Alberto Echeverría, presidente de FED.