Asimismo, ofrecerá un servicio jurídico, también gratuito, para atender las reclamaciones de las personas que aún no han sido valorados por los servicios de la Comunidad de Madrid, tramitar los contenciosos en aquellos casos que aun siendo valorados no cuentan con el PIA (Programa Individual de Atención) o exigir la correspondiente responsabilidad patrimonial al Gobierno regional en el caso de las personas que habiéndoseles establecido el PIA no hayan recibido aún ninguna prestación.

Explicó que de 200.000 personas que deberían haber sido valoradas en la Comunidad de Madrid, sólo 26.000 tienen establecido el PIA, y muchas de ellas aún no reciben su prestación.

Gómez denunció el “boicot” que el Gobierno de Esperanza Aguirre hace a la aplicación de la Ley de Dependencia y dijo que es “absolutamente inmoral que la Comunidad no sólo no ponga en marcha la Ley plenamente, sino que lo poco que está haciendo lo haga a costa de reducir otros servicios fundamentales”.

En representación de las 38 plataformas en defensa de los derechos de las personas dependientes, repartidas por distritos de la capital y pueblos de la región, Ana Toledano, dependiente en silla de ruedas, denunció no sólo el retraso en acceder a las ayudas de la Ley de Dependencia sino los continuos desplazamientos que tienen que realizar para entregar todos los papeles solicitados.

Tras pedir que se simplifiquen los trámites, dijo que el retraso en realizarlos provoca, a veces, que la persona discapacitada no tenga la misma valoración de su enfermedad que cuando la solicitó, por el paso del tiempo y la agravación de la dolencia.