Esta organización pretende que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trabaje para que mejore la situación de estos detenidos, que representan a defensores de los derechos humanos, presos de conciencia, racismo, pena de muerte, malos tratos a manos de agentes policiales, violencia contra las mujeres y violaciones por la "guerra contra el terror".

Entre estos casos, están Yang Chunlin, activista chino detenido por defender a campesinos cuyas tierras fueron confiscadas para proyectos de desarrollo, y Okunishi Masaru, preso japonés que lleva más de 48 años detenido, 38 de ellos en espera de ejecución por el asesinato de cinco mujeres en 1961.

Amnistía también recuerda a Birtukan Mideska, dirigente etíope detenida desde 2008 por ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación; Erzsébet Fodor, desalojado junto con otros 70 miembros de raza gitana en Rumanía en 2004; Aleksei Sokolov, defensor ruso de los derechos humanos detenido como presunto autor de un robo, y Lamba Soukouna, ciudadano francés presuntamente golpeado por agentes de policía en 2008.

Binyam Mohamed, etíope residente en Gran Bretaña liberado de Guantánamo; Samar Barghouti, palestina a quien se le niega el derecho de visita; nueve defensoras nicaragüenses de derechos humanos detenidas por ayudar a abortar a una niña de nueve años que había sido violada y las madres de Soacha, en riesgo por pedir justicia en Colombia, completan el decálogo personificado de reivindicaciones de Amnistía.

Esta organización afirmó que hará "un pormenorizado seguimiento" de los esfuerzos que realice la Presidencia española para garantizar que se restauran y respetan los derechos de estas personas.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, explicó que "los derechos humanos tratan, en última instancia, de personas. Sin embargo, con mucha frecuencia la UE parece distante y alejada de la vida de éstas. Creemos que al emprender la acción sobre esos casos concretos, la Presidencia española tendrá la oportunidad de demostrar que la UE puede tener un impacto positivo en personas reales".

En este sentido, Amnistía pidió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "voluntad política" para mejorar la coherencia de la UE en materia de derechos humanos durante los próximos seis meses.

"Es posible impulsar la aprobación de la Directiva Anti-Discriminación en Europa, es posible condenar los ataques contra los romaníes en distintos países europeos y presentar una serie de medidas para afrontarlos, y es posible establecer garantías para que no se criminalice a los inmigrantes o solicitantes de asilo", apostilló el director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE, Nicolas Beger.