En concreto, el magistrado decidió no admitir a trámite la querella presentada por varias asociaciones de consumidores contra los dueños de Air Comet por haber supuestamente vendido billetes a pesar de conocer el inminente cierre de la compañía.

Pedraz argumenta en el auto dictado hoy que la denuncia presentadas contra los dueños de la aerolínea sólo contiene “meras afirmaciones desnudas, de todo punto genéricas, que no permiten iniciar un procedimiento penal” y censura a la Fiscalía por no haber aportado “ningún tipo de indicio” que avale las acusaciones. El magistrado considera además que “no hay base para apreciar que los hechos denunciados sean competencia de la Audiencia Nacional”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 tomó esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Este departamento pidió ayer a Pedraz que admitiera la querella al entender que Díaz Ferrán y sus socios podrían haber cometido varios delitos de estafa.

La Fiscalía recurrirá la decisión de Pedraz de no abrir una investigación, según explicaron fuentes del Ministerio Público.

NUEVA DENUNCIA

A pesar de inadmitir la querella, Pedraz deja la puerta abierta a iniciar una investigación contra Air Comet si la Fiscalía presenta una nueva denuncia en la que haga un relato “de los hechos que considera delictivos, aportando algún tipo de indicio que avale racionalmente su verosimilitud, quiénes sean sus posibles autores y la forma en que el delito se ha cometido”.

El Ministerio Público pidió ayer al juez Pedraz en un escrito que averiguase si Air Comet “continuó vendiendo billetes” después de que la justicia británica decidiera el pasado 22 de diciembre embargar los aviones con los que operaba la aerolínea y precipitase el cierre de la compañía.

Para confirmar este extremo, el representante del Ministerio Público encargado del caso, el fiscal Jesús Alonso, pidió al juez que recurriera a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El fiscal Alonso instó además a Pedraz a solicitar a las autoridades judiciales del Reino Unido la sentencia por la que la Corte Suprema de ese país acordó el cese de las actividades de Air Comet. La justicia británica adoptó esta decisión después de la denuncia presentada por el banco alemán Nord Bank contra Air Comet por las deudas contraídas por la compañía aérea.

“COMPORTAMIENTO IRRESPONSABLE”

La querella contra los propietarios de Air Comet fue presentada el pasado 22 de diciembre por varios miembros de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casas, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) y en ella se acusaba a Díaz Ferrán y sus socios de delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible.

Los querellantes alegan en su escrito que Air Comet "ha estado vendiendo, tanto a través de sus oficinas, como de una red de agencias concertadas y por comercio electrónico, al menos hasta el día 18 y en época de máximo tránsito, pasajes aéreos a los usuarios, recibiendo por ello el correspondiente precio, con conocimiento de su situación de manifiesta insolvencia y la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones".

Los miembros del Ceaccu decidieron presentar la demanda por el "comportamiento irresponsable de la aerolínea con sus pasajeros".

OTRA QUERELLA RECHAZADA

El pasado 17 de diciembre, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rechazó hacerse cargo de otra querella presentada contra el propietario de Air Comet y presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

En este caso, Díaz Ferrán fue denunciado por la utilización de los fondos públicos concedidos por el entonces Gobierno de José María Aznar para la cancelación de las deudas de Aerolíneas Argentinas.

En el auto dictado por el juez Velasco se señalaba que la Audiencia Nacional no es competente para investigar el caso y se ordenaba que las diligencias fueran remitidas de vuelta al Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Díaz Ferrán y su socio en el Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, están imputados en esta causa por delitos de desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal.

En concreto, Air Comet, sociedad cuyos máximos accionistas son Díaz Ferrán y Pascual, utilizó presuntamente 230 millones de euros entregados en 2001 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para amortizar pasivos de Aerolíneas Argentinas.