El informe, realizado con datos de abril y mayo de 2014 de 148 municipios mayores de 50.000 habitantes y/o capitales de provincia o ciudades autónomas, muestra además que un 5,69% de ellos no tiene ningún taxi accesible.

El estudio, que supone una continuación al 'Libro Blanco del Eurotaxi', fue abordado este jueves durante la Jornada 'El Eurotaxi, un medio de transporte en peligro', organizada por el Cermi, en la sede del Ceapat, donde el director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE, Jesús Hernández, aseguró que, según estos datos, "un porcentaje altísimo" de municipios no va a cumplir la normativa en 2017.

Por comunidades, afirmó que en Madrid, 17 de las 20 localidades tienen menos del 5% de taxis adaptados; en Castilla y León, la única que cumple con el 5% es Soria; en Castilla-La Mancha, solamente Ciudad Real; en Cataluña, un 20% de las ciudades cumple con este ratio; en la Comunidad Valenciana, el 55% de los municipios cumple la normativa; y Murcia es la que presenta el mejor ratio de cumplimiento. Además, puntualizó, ninguna de las ciudades de Galicia y Asturias cumple este porcentaje.

Hernández señaló también algunas buenas prácticas en España en este ámbito, como la obligatoriedad de taxis accesibles para nuevas licencias en Cádiz o Zaragoza; la concesión de subvenciones para el mantenimiento de taxis accesibles en Málaga, o las subvenciones a la compra de vehículos destinados al servicio de taxi en A Coruña.

Durante la inauguración de la Jornada, Joaquín del Moral, el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, se refirió al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda que establece la accesibilidad como línea transversal.

Del Moral indicó también que la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre incluye un régimen sancionador para garantizar la accesibilidad. Asimismo, manifestó que en el marco del proceso de liberalización de los servicios de AVE, Fomento tendrá en cuenta que el nuevo operador cumpla estándares de asistencia.

Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, insistió en que el Eurotaxi es un servicio "en retroceso" y "existen peligros para su continuidad". En esta línea, recordó que en 2017, según la normativa estatal, el 5% de la flota de taxis tendrá que ser accesible y puntualizó que "es difícil" que llegue a cumplirse este porcentaje con la situación actual.

Por tanto, es necesario "pulsar el acelerador desde las Administraciones Públicas" y "devolver el tema a la agenda política" porque las obligaciones en un Estado de Derecho tienen que materializarse. "Es necesario incorporar la accesibilidad como parte de un derecho y una exigencia", aseveró.

La directora del Ceapat-IMSERSO, Cristina Rodríguez Porrero, aseguró que el taxi es un transporte "fundamental para la vida de muchas personas" y "supone una problemática que se debe solucionar con la creatividad y el trabajo de muchas personas".

Durante la jornada, Óscar Moral, asesor jurídico del Cermi, explicó que la normativa estatal es "clara" y se refiere a las condiciones básicas y de espacio temporal de cumplimiento. Así, subrayó, la estructura jurídica es "idónea" y está "enclavada en el derecho a vivir de forma independiente", pasando de un modelo médico- rehabilitador de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (Lismi)a un modelo de inclusión que tiene en cuenta que las personas con discapacidad tienen derecho a utilizar en igualdad de condiciones cualquier medio de transporte.

El problema, desde su punto de vista, es que la normativa autonómica es "claramente insuficiente" y las entidades locales "no establecen cuestiones adicionales para evitar la discriminación". Según puntualizó Moral, es necesaria una regulación más actualizada y adaptada al Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y a la Ley de de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (Liondau).

A su juicio, "hay que derogar las normas que no se cumplan, pero si hay una norma en vigor hay que cumplirla igual que los plazos temporales" porque "si no se generan expectativas que llevan a la frustración y a la falta de derechos". Además, subrayó que "si hay incumplimientos debe haber sanciones" y se refirió al caso de Navarra, única comunidad que tiene régimen sancionador en este ámbito.

TAXI ADAPTADO EN MADRID

La jornada también analizó la situación de los taxis adaptados en Madrid. El presidente de Famma-Cocemfe, Javier Font, en su ponencia 'El caso de la ciudad de Madrid, un servicio en retroceso', explicó que en 2013 existían en Madrid 105 taxis accesibles para un total de 306.000 personas con discapacidad, un número que se ha incrementado en 112.000 personas desde 2003. Actualmente, señaló, existe un taxi por cada 948 personas con movilidad reducida.

Font hizo referencia a los sobrecostes discriminatorios como el tope de recogida de 5 euros, a los tiempos inadecuados de espera de más de 30 minutos en algunos casos, o a la falta de transparencia en la información ofrecida al usuario. Así, dijo que más de un 70% de los usuarios indica que no tiene disponibilidad de taxi cuando se necesita.

Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento de Madrid aprobó el 29 de mayo una modificación de la regulación del sector, que permite la ampliación del número de horas de servicio y la eliminación del régimen del descanso obligatorio, aunque se mantiene el máximo de recogida de 5 euros.

Durante la mesa 'La visión de los prestadores del servicio', Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, mostró la disposición del sector del taxi a una colaboración total y a participar en la puesta sobre la mesa de soluciones, pero, matizó, "todos estamos obligados a ello".

Asimismo, Rudesindo Izaguerri, gerente del Taxi Amic de Barcelona, destacó la importancia de la implicación de los ayuntamientos, mientras que Julio Fernández, presidente de AEMA Eurotaxi Accesible, aseguró que existen muchas normativas que hablan de la obligación de las administraciones públicas a invertir en el transporte de las personas con discapacidad y se preguntó "por qué nadie denuncia al ayuntamiento o la comunidad por este incumplimiento".