Dijo que los objetivos prioritarios de esta norma son establecer las pautas en la Comunidad de Madrid para adaptar la legislación estatal y poder seguir prestando a los madrileños los mismos servicios públicos en materia de educación, sanidad, violencia de género o de la Agencia Antidroga, entre otros, y garantizar la normalidad administrativa en el proceso de traspaso de competencias.

Las disposiciones de esta ley suponen la asunción de nuevas funciones y competencias en el ámbito de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos.

Victoria explicó que, ante este nuevo marco normativo competencial, el Gobierno regional se plantea la necesidad de desarrollar una nueva ley para establecer un conjunto de medidas sobre la aplicación efectiva de la reforma estatal en la Comunidad.

Manifestó que con esta ley regional se garantiza que sigan existiendo las mancomunidades, que, si no, desaparecerían el 30 de junio, o que los 308 centros escolares que tienen convenio con la Comunidad de Madrid sigan su actividad.

En materia de escuelas infantiles, añadió, la Comunidad mantiene 148 convenios con ayuntamientos a los que destina más de 30 millones de euros.

Esta adaptación permitirá también, por ejemplo, que continúen los convenios con 51 ayuntamientos en materia de violencia de género, a los que se destinan casi siete millones de euros, así como los convenios de prevención y asistencia que tiene la Agencia Antidroga con 16 ayuntamientos y dos mancomunidades, a los que se destinan más de siete millones de euros anualmente.

Informó de que esta ley recoge también las peticiones de las entidades locales, que se basan clarificar los aspectos competenciales de atribución que corresponde a las entidades locales de la región y desarrollar algunos aspectos procedimentales y de tramitación administrativa.