En rueda de prensa, los dirigentes sindicales aseveraron que este cambio en el criterio del Ministerio Fiscal es premeditado y denuncian que forma parte de una campaña para limitar y desincentivar el uso del derecho a huelga.

En este sentido, Méndez defendió que ha habido un "cambio inducido" en las actuaciones de la Fiscalía, ya que durante 35 años y con distintos gobiernos esta institución "siempre había ponderado que en el ejercicio del derecho a huelga existía un escenario de conflicto".

Sin embargo, denuncia que "en los últimos tiempos", la fiscalía ha empezado a recurrir al artículo 315.3 del Código Penal, que ya existía con anterioridad pero que se utilizaba.

Fruto de esta cambio, los sindicatos denuncian que actualmente hay abiertos 81 expedientes que afectan a 265 de 13 comunidades autónomas distintas, para los que la Fiscalía reclama cerca de 120 años de cárcel. Además, apuntan que ya se han fijado en conjunto penas de cárcel que ascienden a unos 12 años.

No obstante, Méndez alertó de que esta cifra "se va a incrementar" ya que la mayoría de los casos pertenecen aún a la primera huelga general del año 2012, la celebrada el 29 de marzo, y queda pendiente la que tuvo lugar el 14 de noviembre de ese mismo año.

"CAMPAÑA ORGANIZADA"

Por su parte, Toxo subrayó que esta situación supone "un ataque sin precedentes en la historia democrática de España", y sostuvo que se trata de una "campaña organizada", aunque admitió que aún no tiene pruebas para demostrarlo.

En su opinión, el objetivo de esta campaña es "meter miedo y desanimar a la gente para que no participe en movilizaciones y huelgas".

Además, alertó que se podría estar buscando también un "efecto colateral indeseado" que sería la modificación del derecho a huelga. No obstante, Toxo adelantó que, si esta es la intención de esta campaña, "no lo permitiremos".

En este sentido, el líder de CCOO apuntó que las movilizaciones para protestar contra esta situación comenzarán el próximo martes y sostuvo que el Gobierno tiene en su mano evitar la entrada en prisión de los trabajadores afectados.

En su opinión, "prácticamente todos los días se vulneran los derechos de los trabajadores y no hay sanciones". Por esta razón, denunció que existe una "doble vara de medir" con el objetivo de "impedir el ejercicio normal del derecho a huelga".

Además, los sindicatos mayoritarios han preparado una campaña para defenderse de esta "ofensiva contra el derecho de huelga" y el "intento de criminalizar alos sindicatos", bajo el lema 'No nos van a callar'.

Dentro de esta campaña, CCOO y UGT se han dirigido ya por carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, así como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al fiscal general del Estado. Además, presentarán sendas denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al Comité Europeo de Derechos Sociales.

"RESTRICCIÓN DESPROPORCIONADA"

Asimismo, Méndez denunció que se está produciendo una "restricción desproporcionada" del derecho a huelga, que, según aseguró, se ha desarrollado en España "en una línea de comportamiento de ausencia de violencia".

No obstante, admitió que la huelga general "pone en evidencia un escenario de conflicto", por lo que "siempre puede haber escenarios de tensión".

En su opinión, las peticiones de la Fiscalía "no ponderan adecuadamente la imputación de los delitos con la dimensión constitucional del derecho a huelga". El líder de UGT recordó que el Tribunal Constitucional ya manifestó que dentro del ejercicio de este derecho, "dentro de un escenario de conflicto, puede haber episodios de tensión".

En su opinión, estos procesos tienen como objetivo "desalentar a los trabajadores" para que no participen en actos y movilizaciones de este tipo, y busca lograr una "proyección pública" del derecho a huelga "como si fuera una práctica delictiva".