El Consejo aprecia los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia y la Abogacía para llegar a los acuerdos obtenidos hasta la fecha, pero solicita al departamento regido por Alberto Ruiz-Gallardón una nueva reunión en la que la abogacía planteará nuevas propuestas.

Entre ellas, defiende la territorialidad de la justicia gratuita. El proyecto de Ley prevé que cualquier abogado podrá apuntarse al Turno de Oficio en cualquier Colegio de Abogados, independientemente de donde tenga su domicilio profesional, lo que a su juicio “no garantiza la cercanía de la justicia gratuita al ciudadano”.

La abogacía reclama garantías de cobro de acuerdo a una “retribución digna, puntual y de actualización automática”, financiación suficiente para la organización del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita por parte de los colegios de abogados y que los importes de la condena en costas sean para el abogado de oficio previa devolución de los honorarios cobrados.

Además, defienden que se preserven las competencias autonómicas en la gestión de la justicia gratuita y la intervención exclusiva de los profesionales que constitucionalmente tengan asignadas funciones de asistencia y defensa jurídica.

Finalmente, piden incluir en la justicia gratuita el Servicio de Orientación Penitenciaria, la asistencia a víctimas de violencia de género y la vía administrativa previa, así como la suspensión automática del procedimiento judicial hasta que no haya un letrado designado.