Según informó el Instituto Armado, su Grupo de Delincuencia Económica de la UCO ha desarrollado esta operación en una actuación coordinada y dirigida por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.

Se trata de la explotación de la segunda fase de la ‘operación Cirene’, que ha sido declarada secreta y en las que se investiga, entre otros delitos, un delito de fraude en subvenciones. Por estos hechos se ha detenido este martes a 14 personas: cinco en Madrid, una en Jaén, siete en Sevilla y una en Gran Canaria.

Además, se han efectuado seis registros: en Madrid, uno en Jaén y cuatro en Sevilla. Entre hoy y mañana los detenidos serán trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Sevilla, para posteriormente ponerlos a disposición judicial.

DURANTE DOCE AÑOS

La ‘operación Cirene’ de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil abarca el análisis de los fondos de formación otorgados por la Junta de Andalucía mediante subvenciones a distintos beneficiarios a lo largo de los últimos doce años.

Para aclarar este asunto, los agentes han realizado múltiples actuaciones, como la incautación, el pasado mayo, de expedientes de justificación de subvenciones para formación, en la sede de la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía.

El inicio de la operación se sitúa en el juzgado de Instrucción 6 de los de Sevilla, en el verano de 2013. Posteriormente la causa fue dividida entre ese juzgado y el número nueve. Este último pasó a ocuparse de todo aquello relacionado con la organización sindical UGT-Andalucía.

En este sentido, el 19 de diciembre se procedió al registro de la sede de UGT-Andalucía. Acto seguido, el Grupo de Delincuencia Económica llevó a cabo diversas tomas de declaración tendentes a esclarecer los hechos investigados.

VÍA PRINCIPAL DE FINANCIACIÓN

El análisis de la documentación incautada en diciembre, contrastado con las manifestaciones tomadas y otras diligencias practicadas, ha propiciado una acumulación de indicios sobre diversas personas como responsables, en distintos grados, de un delito de fraude de subvenciones.

Las investigaciones han podido definir diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato. Estos procedimientos eran ejecutados por personal que trabajaban para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización.

La Guardia Civil destacó que “se ha constatado que este fraude se realizaba de manera sistemática año tras año y era perfeccionado en el trascurso del tiempo”. Además, este cuerpo de seguridad considera que “la vía más importante en la financiación de este sindicato podría haber sido esta presunta práctica ilícita”.