En un encuentro con los medios de comunicación mantenido hoy en la sede de la Audiencia Nacional, Sánchez dijo que “parece sensato que mientras exista el aforamiento, (don Juan Carlos) esté aforado”, lo que no implica ninguna prolongación del principio de irresponsabilidad ni “parapeto” alguno ante eventuales demandas.

El aforamiento que esta semana se debatirá en el Congreso de los Diputados “no significa irresponsabilidad, ni inmunidad”, lo único que regula es que sea un órgano concreto, en este caso el Tribunal Supremo, el que conozca de los asuntos que le afecten. Eso tiene ventajas, dijo, pero también “algún inconveniente”, puesto que suprime la segunda instancia para recurrir.

Preguntado por si el aforamiento viola a su juicio el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles, Navarro afirmó que es la propia “Constitución la que rompe el principio de igualdad, haciendo al jefe del Estado una persona irresponsable”, y ahora lo que se dirime es “si esa irresponsabilidad conlleva un aforamiento. Yo lo considero lógico”, aunque el ámbito de ese aforamiento “es discutible”.

El aforamiento que presumiblemente se aprobará para don Juan Carlos significa que “cualquier demanda que se presente va a ser conocida por un órgano concreto; no supone prolongar una irresponsabilidad, sino aplicar la Constitución”.

El nuevo presidente de la Audiencia Nacional advirtió de que el aforamiento “se está interpretando como una prolongación de la irresponsabilidad, pero no es así. El jefe del Estado vuelve a ser responsable desde el día en que deja de serlo y lo único que se regula es que se resuelvan por el Tribunal Supremo todas las causas que le afecten. No es ningún parapeto ni inmunidad de ningún tipo”, insistió.

La Constitución de 1978 es la que establece un fuero específico para los miembros del Gobierno y los electos del Congreso y del Senado. En opinión de Navarro, será convenienteo resolver, entre otras cosas, sobre la duración y extensión del aforamiento y dejar claro si se vincula exactamente a los períodos de desempeño de su función pública.

Explicó que cada país resuelve el problema del aforamiento de modo distinto y salió al paso de quienes dicen que España es el país con más aforados, recordando que la gran mayoría de ellos son los 5.000 jueces y 2.000 fiscales, que lo están sólo para los delitos que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones.