En un comunicado, la central lamentó que solo cuatro comunidades (Andalucía, Aragón, Canarias y Comunidad Valenciana) hayan decidido atender la petición de la defensora del Pueblo y abrir centros.

Algunos territorios derivan el problema a los ayuntamientos, que “con la nueva Ley de Reforma Local no solo han visto recortadas drásticamente sus funciones sociales, sino también el presupuesto que destinan a estos programas”, señaló CCOO, mientras que otros gobiernos regionales utilizan “el argumento más cínico de la conveniencia de no estigmatizar a los niños”.

Finalmente, agrega el sindicato, “comunidades como la de Madrid sencillamente niegan que existan problemas de pobreza y malnutrición entre sus escolares”.

A juicio de Comisiones, "el Gobierno del PP tiene otros objetivos” distintos a la atención a los más necesitados. “De momento”, prosiguió, “ya se ha comprometido con la Unión Europea a rebajar la inversión en educación hasta el 3,5% del PIB, una decisión que nos aleja de los países más desarrollados y nos sitúa en los años anteriores a la Ley General de Educación de 1970".

Por ello, CCOO llamó a la comunidad educativa a “mantener la tensión de las movilizaciones y a preparar un nuevo curso de confrontación contra un gobierno que ha puesto fecha de caducidad al sistema público de enseñanza”.