El Cermi considera que, a raíz de esta negativa, basada en el derecho humano a la educación inclusiva reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, y plenamente aplicable en nuestro país, los progenitores se han visto encausados en un proceso criminal por un delito de abandono familiar, y se enfrentan a una condena penal, si la acusación prospera.

El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la familia de un niño de León con síndrome de Down para que sea escolarizado en una escuela ordinaria, según informó hoy Down España en un comunicado.

Aparte de la denegación de amparo del Constitucional, la Fiscalía imputa a los padres un delito de abandono familiar, por negarse a que su hijo sea escolarizado en un centro de educación especial y por defender el derecho de su hijo a una educación inclusiva.

Para el Cermi, es "una aberración moral y jurídica que una persona o una familia tengan que enfrentarse a un juicio penal por desear ejercer el derecho a la educación inclusiva que le otorga la legislación internacional en materia de derechos humanos, y que las Administraciones educativas tendrían que garantizar plenamente, y no obstaculizar con interpretaciones y prácticas contrarias a los derechos de las personas con discapacidad".

Por ello, el Cermi, como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, exige del Ministerio Fiscal que desista de la acción penal contra la familia leonesa y se sobresean de inmediato las actuaciones judiciales en curso.

El Cermi ha presentado una queja contra España ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas por mantener una legislación que no asegura la educación inclusiva de las personas con discapacidad, normativa nacional en clara contradicción con el tratado internacional de derechos de la discapacidad.

Asimismo, el Cermi ha venido denunciando política y jurídicamente que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada recientemente, no ha adaptado la legislación española a los mandatos, principios y valores de la Convención de Naciones Unidas de 2006, lo que hace que España esté en situación de incumplimiento palmario de obligaciones internacionales.