En declaraciones a Servimedia, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, denunció que de no aplicarse ese supuesto muchas mujeres tendrían que abortar arriesgando su vida.

“Nos parece bien, pero es insuficiente porque las mujeres afectadas por esta causa no llegan a 3.000. La propuesta deja en la indefensión a más de 100.000 que tendrían que recurrir al turismo abortivo, mientras que aquellas que no tengan recursos económicos suficientes deberán recurrir a los abortos clandestinos”, dijo.

Además, recordó que “antes de la aprobación de la ley de 1985 morían en España entre 200 y 400 mujeres en abortos clandestinos. Habría que preguntarse si el Gobierno quiere volver a esa situación”.

Asimismo, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, lamentó que el CGPJ no le diga al Gobierno que la reforma es “innecesaria”. “Estamos legislando para la ideología de los políticos no para la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas”, apostilló, y reclamó “independencia absoluta” de organismos como el citado consejo.

“Mientras todo sea lo mismo, dará igual lo que pase, porque lo que va a ocurrir es lo que quiere el Gobierno de turno. Por tanto, este informe que acaba de hacer el CGPJ carece de independencia”, agregó.

Por ello, pidió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que “tire al cubo de la basura” su reforma “y se dedique a otros menesteres políticos como es dar de comer a los niños que ya han nacido y que están en la más absoluta miseria”.

Según Pérez del Campo, el ministro va a seguir planteando la reforma “no como una ley de plazos, sino como una ley de supuestos, lo que es un retroceso”. Por lo que “mientras subsista” la propuesta, informes como el aprobado este viernes por el Consejo General del Poder Judicial no suponen “una gran alegría”.