En la misiva remitida a Gallardón, las organizaciones defienden que los sindicalistas ejercieron su derecho constitucional a la huelga y no intervinieron en “ningún acto violento”, sin embargo fueron condenados por distintas sentencias judiciales, en algunos casos con penas de prisión superiores a los tres años.

“Es preciso que se resuelvan las reclamaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional y los organismos internacionales”, indicaron CCOO y UGT, que criticaron que esta situación está cuestionando “la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho”.

Los sindicatos señalan que en los últimos meses han constatado con “enorme preocupación” la incoación de “numerosos” procedimientos penales contra trabajadores y cargos sindicales con penas privativas de libertad “cuando menos, excesivas y desproporcionadas”.

Asimismo, indican que al margen de la “ausencia de criterios uniformes” en la interpretación del tipo penal, que ya han trasladado a la Fiscalía General del Estado, constatan que “es la propia norma penal la que genera una enorme distorsión en el ejercicio del derecho de huelga”.

En concreto, perciben esta distorsión “cuando no pondera, para agravar la respuesta penal, la existencia de hechos violentos, sino el mero ejercicio del derecho de huelga”.

“FRAUDE” Y “DEGRADACIÓN”

“Esta situación ha generado sentencias judiciales que imponen penas privativas de libertad superiores a los tres años de prisión a personas que no han intervenido en ningún acto violento, y se han limitado a ejercer sus derechos constitucionales”, transmiten los sindicatos al ministro en la carta.

Por el contrario, añaden, constatan una ausencia de aplicación de las normas penales que aseguran condiciones de trabajo “dignas” a pesar de la “enorme degradación” de las condiciones de trabajo y el “fraude” en el cumplimiento de la legislación laboral.

Por ello, las dos confederaciones sindicales abogan en la carta por la revisión del marco sancionador, así como proponer “cuantas actuaciones sean necesarias ante instancias constitucionales e internacionales” para asegurar la libertad en el ejercicio de la actividad sindical.