Este “significativo incremento” se debe principalmente a las reclamaciones derivadas de la aplicación de los límites de tipo de interés previstos en las escrituras de préstamos hipotecarios, las denominadas ‘cláusulas suelo’.

En 2013, y en especial en la segunda mitad del año, se registró un “notable incremento” de las reclamaciones presentadas por ciudadanos y por empresas en relación con la oferta de productos y servicios bancarios.

Por su parte, el número de consultas recibidas en el servicio de atención telefónica también subió el año pasado, con un total de 3.584 telemáticas y 43.246 telefónicas, lo que supone incrementos del 129% y del 163%, respectivamente, sobre las atendidas en 2012.

Además, el Portal del Cliente Bancario atendió, durante el primer semestre, un total de 3.524 solicitudes de información.

En lo que respecta al seguimiento y control de la publicidad, el número de requerimientos de cese o rectificación de anuncios en prensa e Internet ascendió a 554.

Además, el número de actuaciones supervisoras llevadas a cabo en 2013 se elevó a 452, frente a las 306 del año 2012. De ellas, 96 se encontraban en curso o pendientes de cierre el pasado 31 de diciembre.

En concreto, estas actuaciones se distribuyen entre las tradicionales visitas de inspección in situ a las entidades y las actuaciones de seguimiento continuado, en muchos casos con presencia permanente en la entidad.

A esta cifras hay que añadir también otros 753 trabajos relacionados con entidades de crédito, entre los que se incluyen la verificación de las políticas contables en materia de refinanciaciones y reestructuraciones de créditos.

Tras las actuaciones supervisoras, se formularon 134 requerimientos a entidades, contenidos en 47 escritos, siendo los principales requerimientos y recomendaciones relativos a riesgo de crédito y a políticas de gestión y control interno, que representaron el 67% del total.

EXPEDIENTES SANCIONADORES

En el Informe Anual se recoge también que durante el año 2013, el Banco de España acordó la incoación de seis expedientes sancionadores.

El primero de ellos se abrió a un banco y sus cargos de administración y dirección por presuntos incumplimientos de la normativa sectorial en materias relacionadas con la presentación al organismo de un plan de actuación encaminado a paliar las debilidades económico-financieras de la entidad que amenazaban su viabilidad, los requerimientos de recursos propios mínimos y los mecanismos de control interno y gestión de riesgos.

No obstante, este expediente fue suspendido posteriormente por concurrir el supuesto de prejudicialidad penal.

Otro se abrió a tres entidades de pago y sus respectivos administradores únicos, por presuntos incumplimientos de la normativa reguladora de su actividad en materia contable, nivel mínimo de recursos propios o salvaguarda de los fondos de clientes, entre otras.

Además, otro expediente fue a una entidad de dinero electrónico y los miembros de su consejo de administración, por presuntos incumplimientos en materia contable, mecanismos de control interno de su actividad, recursos propios y salvaguarda de los fondos de clientes.

Por último, se expedientó a una entidad y su administrador único, por presunto ejercicio de actividades reservadas legalmente a las entidades de pago, sin la preceptiva autorización y sin hallarse inscrita en los correspondientes registros.

Por el contrario, el año pasado se puso fin a cuatro expedientes sancionadores incoados en años anteriores.