En un comunicado, Gestha señaló que con el pago de impuestos se estarían blanqueando actividades ilícitas y agregó que éstas “deben perseguirse penalmente como hasta ahora, sobre todo cuando la prostitución implica la inmigración ilegal, el tráfico de personas y su explotación sexual por redes criminales algo que, según los expertos en la materia, es la práctica mayoritaria”.

El secretario general de la organización, José María Mollinedo, aseguró que “no se deben buscar ingresos a cualquier precio, como parece que proponen los inspectores, sino que se debe intensificar la lucha contra el fraude fiscal”.

En este sentido, defendió la necesidad de poner el foco en los ámbitos que concentran la mayor parte de la evasión, que son las grandes empresas y patrimonios, y que a día de hoy solo concentran el 20% de los esfuerzos de la Agencia Tributaria.

Por otra parte, rechazaron la propuesta de los inspectores de elevar el umbral para considerar delito fiscal a 600.000 euros, desde los 120.000 euros actuales, para la suma de cuotas defraudadas.

En contra de ello, reclamaron que se considere delictiva la evasión desde los 50.000 euros defraudados por impuesto y año, el mismo nivel fijado para considerar delitos los fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Europea.

De este modo, Gestha considera que la propuesta de los inspectores supondría un “aliciente” para cometer fraude fiscal, ya que, de llevarse adelante, la suma de tres fraudes de 150.000 euros anuales no llegaría al umbral de 600.000 euros, por lo que no existiría delito donde actualmente hay tres.

Además, en contra de los que opinan los inspectores, los técnicos no creen que esta medida sea la más adecuada para aliviar la saturación de los juzgados y tribunales penales, sino que existen otras opciones más eficaces, como la dotación de más jueces y personal y la simplificación procesal.

Desde la organización destacaron que de aprobarse una reforma como la que proponen los inspectores, se aplicaría con carácter retroactivo, incluso en el caso de sentencia firme.

Esto provocaría que los condenados por delitos fiscales inferiores a 600.000 euros serían absueltos y se les devolverían las cuantías pagadas en concepto de multas, ya que en estos casos siempre se aplica la normativa más favorable.

Además, aseguraron que la modificación anunciada por los inspectores implicaría cambios en investigaciones polémicas que se están tramitando actualmente, como el caso Noós y las supuestas donaciones en B que afectan a partidos políticos. “Ninguno de estos supuestos fraudes sería delito con la reforma de los inspectores”, sentenciaron.