Estos datos reflejan que la norma atiende a las personas mayores, un 80% del total, pero que las personas con discapacidad no acaban de incorporarse a las prestaciones que prescribe la ley.

"Nos llama la atención este dato mínimo que demuestra que la Ley de Automomía Personal y de Atención a la Dependencia está teniendo un impacto dispar", señaló Pérez Bueno, quien añadió que este porcentaje de atención no figura en las tablas que periódicamente difunde el Imserso sobre el desarrollo de la citada norma.

El presidente del Cermi considera que hay aún muchas personas con discapacidad que no han solicitado la declaración de dependencia "porque no ven muy claro qué va a pasar con ellos", en concreto si finalmente tendrán que acceder al servicio mediante el copago.

El comisionado del Cermi para la Autonomía Personal y director gerente de Feaps, Paulino Azúa, recordó en este sentido que el Cermi interpuso un recurso contra una norma del Consejo Territorial de la Dependencia que establecía los baremos para quedar exento del pago.

Azúa señaló que "si esta ley está considerada como el cuarto pilar del estado de bienestar, debería ser como la educación o la sanidad, de carácter gratuito".

VALORACIONES POR TELÉFONO

También denunció Azúa que se están haciendo valoraciones de dependencia por teléfono, aunque señaló que no tienen cuantificados cuántas en todo el territorio español, pero añadió que no son "datos anecdóticos" y que no hay que olvidar que esta práctica vulnera la normativa.

Además, Pérez Bueno precisó que "el sistema de solicitar la valoración y la asignación de recursos es personal. La persona a la que le pase esto normalmente lo comunica a la asociación a la que pertenece, y la asociación en la que esté le dice que esa situación es anómala, porque una llamada telefónica no es el cauce normal. Luego esta persona decide si quiere o no recurrir".

Azúa, que junto a Pérez Bueno y a Alberto Durán, secretario general del Cermi, presentaron un documento de propuestas para mejorar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, pidió un protocolo homogénero de atención a las personas con discapacidad y una revisión de los procedimientos adminiStrativos de las comunidades autónomas, entre otras medidas.

También denunció la ausencia de participación de las entidades pertenecientes al tercer sector social en los despliegues autonómicos.