La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, sostiene que a los cuarenta juzgados no se les atribuye actos de violencia callejera y no se ha comprobado su militancia o que formarán parte de la dirección de Segi.

La resolución señala que los acusados formaban parte de la plataforma Gazke independentistak que apareció en la escena política del País Vasco y Navarra en los años 2008 y 2009. Asimismo, considera probado que este colectivo “no se vinculó, ni planificó, ni promovió, ni dirigió acciones de violencia callejera, ni consta que configurara grupos para ejecutarlas”.

La sentencia de 264 páginas afirma que “muchos de los acusados” aparecieron “en escena como portavoces de Gazte independentistak” y “concedieron entrevistas en medios próximos a la izquierda abertzale” pero “no consta” que la plataforma “dependiera de ETA ni que ésta diseñara su estrategia y actividades”.

Además, los magistrados sostienen que no está acreditado que la ilegalizada Segi controlase las asambleas y espacios en los que se reunían los acusados.

“Se ha de colaborar con las actividades de la organización terrorista inscritas en sus fines propios, o intermedios, de generar terror en la sociedad, para deslindar con nitidez lo que es una adhesión ideológica o aportación a sus fines políticos, y no subsumir en la tipicidad de los delitos terroristas conductas que nada tienen que ver con la violencia destinada a subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz social mediante el aterrorizamiento de la población", determina la sentencia.

PETICIÓN DE LA FISCALIA

El Ministerio Fiscal consideró que todos ellos pertenecían al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) que complementa la actividad de lucha armada de la banda terrorista ETA y solicitó para los acusados de la pena de 6 años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista.

La madrugada del 24 de noviembre de 2009 fueron detenidos 32 de los acusados, no todos porque algunos no pernoctaban en sus viviendas o se hallaban fuera, y registrados sus domicilios, en una operación acometida de manera coordinada contra personas vinculadas a Gazte independentistak, considerada sometida a la disciplina de Segi.

En este sentido, el Tribunal Supremo declaró el enero de 2007 la ilegalización de Segi como organización juvenil que complementaba la actividad de lucha armada de la organización terrorista ETA mediante actos de violencia callejera, en los que empleaban artefactos explosivos e inflamables que dirigían contra bienes de propiedad pública y privada, buscando atemorizar a la sociedad y alterar la normal convivencia ciudadana.