Así consta en el informe ‘Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude: propuestas y recomendaciones’, presentado este miércoles en rueda de prensa por el presidente de la organización, Ránses Pérez Boga.

Los inspectores señalan que diversas fuentes apuntan que legalizar la prostitución podría general unos ingresos de 6.000 millones, aunque reconocieron que “son cifras muy peligrosas” y con “margen de error”

En la rueda de prensa participó también Domingo Carbajo, inspector de Hacienda, quien apuntó que “hay mucha hipocresía y moralina” sobre la prostitución, y defendió el debate para “conocer claramente las ventajas e inconvenientes”.

La organización ha remitido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el documento con sus propuestas, aunque no conocen cómo se han acogido las propuestas.

Apuestan también por ampliar las restricciones del pago en efectivo y eliminar los billetes de alta denominación, es decir, los de 500 y 200 euros. “Son fruto de dinero negro”, subrayó el presidente de IHE, quien dijo que “jamás he tenido en mis manos un billete de 500 euros, para qué”.

Por ello, pidieron al Gobierno español que inste a las autoridades europeas a eliminar los billetes de alta denominación.

El informe consta de 14 capítulos en los que se incluyen más de 200 medidas para reducir los aspectos “dañinos” presentes en el sistema tributario español.

Pérez Boga indicó que el sistema tributario “no tiene capacidad suficiente para abordar el gasto publico que se necesita para sostener el Estado del bienestar en España”.

Los inspectores abordan algunas modificaciones en el IRPF, Sociedades e IVA y en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas “para darles más cuota recaudatoria sin subir cuotas ni tipos”.

Con las propuestas planteadas, aseguran, podrían recortar el fraude fiscal en los cuatro o cinco puntos sobre el PIB que separan a España del conjunto de Europa.

Así, por ejemplo, en materia de IRPF apuesta por la deducibilidad de ciertos gastos domésticos y de los trabajadores del hogar como medidas incentivadoras de determinada actividades y de lucha contra la economía sumergida.

Además, defiende que se elimine o reforme “radicalmente” el régimen de módulos en el IRPF por sus efectos “perniciosos” de generar emisores de facturas falsas, el restablecimiento de las competencias de inspección en el caso de las Sicav y eliminar el régimen simplificado del IVA.

Por otra parte, piden que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias sean “más disuasorias”.

Los inspectores señalaron que la gestión recaudatoria de la deuda tributaria se encuentra “desbordada”, con la consiguiente pérdida de eficacia en la persecución de los fraudes más graves.

CENSO DE MOROSOS

En este sentido, la organización apuesta por crear y publicar un censo de morosos frente a la Hacienda Pública formada por todos los deudores en periodo ejecutivo (embargos) sin deuda aplazada.

“Que sea un censo público, que todos sepamos quien no paga sus impuestos y que sea un aviso a navegantes”, señaló.

Apuestan además por modificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio “a los efectos de dar un mínimo de de tratamiento uniforme a nivel nacional”.

“La amnistía fiscal ha hecho un daño terrible a la conciencia fiscal”, dijo Pérez Boga, quien señaló que es uno de los factores, junto con la crisis, que ha contribuido a la caída de la recaudación.

IHE proponen que se realicen campañas y planes especiales que incidan en sobre “vicios fiscales” en línea con las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En otra propuesta recoge que los políticos y altos cargos del Estado no puedan ejercer su cargo si están siendo juzgados por delito fiscal, y que se prohíba la financiación pública de los partidos.

DELITOS FISCALES

Relacionado con los delitos fiscales, los Inspectores de Hacienda del Estado piden la supresión del atenuante de reparación del daño o, al menos, la limitación de sus efectos para obligar al ingreso en prisión de los delitos fiscales más graves, con independencia de que se pague o no.

Los inspectores creen que habría que elevar el umbral del delito fiscal por encima de los 120.000 euros actuales, y lo justifican en que la saturación de los juzgados y el alargamiento de los plazos provoca que cuando llega la sentencia las posibilidades de cobro sean nulas.

Así, creen que habría que elevar el umbral hasta los 600.000 euros y aumentar la pena para que, aunque se repare el daño o no se tengan antecedentes penales, se ingrese real y efectivamente en prisión si hay sentencia condenatoria.

En esta materia se propone también considerar los delitos fiscales de los contribuyentes como “continuados”, a los efectos de sumar las cuotas defraudadas. Se trata de sumar los correspondientes delitos para ver si se supera el límite de los 600.000 euros.

Se propone además aumentar el plazo de prescripción de delitos de 5 a 6 años y publicitar las condenas de delito.