La diputada popular Lourdes Méndez hizo este anuncio en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, que este martes aprobó, por unanimidad, una proposición no de ley del PSOE que pedía cambios en el tratamiento que la enfermedad mental recibe en el proyecto de nuevo Código Penal.

Todos los grupos, incluido el PP, respaldaron la iniciativa socialista, que pedía prescindir en el futuro Código del término “peligrosidad” asociado “al trastorno mental, evitando la automática equiparación de ambos conceptos”.

La iniciativa socialista también reclamaba que el internamiento de personas con enfermedad mental “como medida de seguridad nunca pueda ser permanentemente prorrogable”. También se demandaba “que las personas con trastorno mental grave puedan acceder a la libertad condicional en condiciones de igualdad” y que estos ciudadanos “puedan acceder a la libertad vigilada en plenas condiciones de igualdad”.

A este respecto, Méndez argumentó que los populares apoyaban el espíritu de la iniciativa del primer partido de la oposición y por eso la habían apoyado. No obstante, indicó que la misma no tendría efecto si no se concreta en enmiendas, debido a que la reforma del Código Penal ya está en la Cámara Baja.

“EXTREMA PREOCUPACIÓN”

Por este motivo, esta diputada anunció que el partido del Gobierno presentará enmiendas al nuevo Código Penal “para que no se pueda asociar de manera automática la peligrosidad con la enfermedad mental”, así como para que se cumplan los otros puntos planteados en la proposición no de ley de los socialistas.

Al mismo tiempo, Méndez negó que el Ministerio de Justicia, en su propuesta de reforma penal, hubiera pretendido ningún trato discriminatorio a las personas que sufren una enfermedad mental. No obstante, dijo que se presentarían las enmiendas para evitar la “automática equiparación” entre las personas que sufren alguna patología penal y la peligrosidad a efectos legales.

Por su parte, la diputada del PSOE Gracia Fernández expresó su “extrema preocupación” por cómo se trata este asunto en el proyecto de Código Penal, puesto que conllevaba un trato discriminatorio. Esta parlamentaria sostuvo que el planteamiento que hace justicia en su propuesta legislativa lleva al “estigma social” de las personas que sufren una enfermedad mental.

De la misma opinión fueron los representantes del PNV Emilio Olabarria, de IU Gaspar Llamazares y de CiU Jordi Jané. En este sentido, Olabarría sostuvo que presumir la peligrosidad de las personas con enfermedad mental es comparable al “derecho penal del enemigo” que estudian los juristas, mientras que Llamazares criticó la “visión represiva” del Gobierno en este terreno.