"La lucha contra la piratería digital es el objetivo último de estas medidas, que pretenden hacer compatible el derecho de los usuarios con el de los creadores de contenidos", indicó Fapae.

Los productores audiovisuales dieron su beneplácito a un sistema mixto en el que caben "advertencias" y primeras medidas para la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, y últimas decisiones para los jueces.

"Con esta medida, España se equipara al resto de países del mundo (a excepción de China, que es el mayor consumidor de películas ilegalmente descargadas), promoviendo un mercado legal y evitando que las empresas organizadas que trafican de forma ilegal con obras ajenas queden impunes", añadió Fapae.