El objetivo es asegurar que aquellos menores en situación de riesgo de exclusión, que durante el periodo escolar asisten a esos comedores, no se vean privados de una alimentación adecuada cuando termine el curso .

La institución considera que garantizar esa adecuada alimentación infantil debe ser prioritario para todos los poderes públicos y en ese esfuerzo deben comprometerse el conjunto de las administraciones públicas.

El año pasado el Defensor del Pueblo ya preguntó a las administraciones implicadas por el impacto de la pobreza en la nutrición de los menores y por las intervenciones previstas al efecto. A la institución le preocupa que durante el periodo de vacaciones escolares el cierre de los comedores pueda agravar la situaciones de precariedad.