AI hizo esta apreciación justo un año después de que el tratado quedara abierto a su firma y ratificación de los países, el 3 de junio de 2013. Hasta ahora, un total de 118 Estados han ratificado este instrumento internacional y 32 lo han firmado, entre ellos cuatro de los mayores productores y exportadores de armas del mundo (Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido), si bien se prevé que este martes lo hagan otros 10 más.

Esta organización señaló que en este último año ha habido “rápidos avances” en esta materia y que la entrada en vigor del tratado contribuirá a “salvar millones de vidas y a proteger los derechos humanos”.

El director de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Brian Wood, recalcó que en el último año “se han hecho avances notables” para que entre en vigor el Tratado sobre el Comercio de Armas, lo que, a su juicio, “refleja el fuerte deseo de muchos Estados de abordar el comercio internacional irresponsable de armas”. “La aplicación estricta de este tratado salvará millones de vidas y reducirá el riesgo de que se cometan abusos graves contra los derechos humanos”, añadió.

Amnistía Internacional aseguró que al menos 500.000 personas mueren al año como resultado de la violencia y el conflicto armado, y millones más son desplazadas y sufren abusos.

Recalcó que el Tratado sobre el Comercio de Armas contó con el voto a favor de 155 Estados en la Asamblea General de la ONU en abril del año pasado, por lo que apeló a los dirigentes políticos de los países que no lo han ratificado ni firmado a que “abandonen su reticencia” y lo hagan “sin dilación”.

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Amnistía destacó que los países no tienen que esperar a que el tratado entre en vigor para empezar a cumplir sus disposiciones en materia de derechos humanos, puesto que varios países, como Alemania, Antigua y Barbuda, Bélgica, Costa Rica, España, Islandia, México, Noruega, Reino Unido, Serbia, y Trinidad y Tobago ya han declarado que aplicarán sus disposiciones antes de la entrada en vigor del Tratado.

Una vez que entre en vigor, el tratado, que entrará en vigor 90 días después de que lo hayan ratificado 50 países, prohibirá a los Estados la transferencia de armas convencionales y municiones a países donde sepan que esas armas se emplearían para cometer abusos graves contra los derechos humanos, como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, o facilitar que se cometan.