Este congreso, que se ha celebrado el jueves y el viernes, ha sido organizado por la Fundación Derecho y Discapacidad con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de la Fundación ONCE y del Real Patronato sobre Discapacidad, y la colaboración de otros organismos y entidades públicas y privadas, y trata de dar respuesta a las cuestiones pendientes en el ordenamiento español de cara a su adaptación a los mandatos de la Convención de la ONU.

Asimismo, en su intervención sobre ‘Inclusión en la comunidad y vida independiente’, García Oca insistió en que según las últimas estadísticas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), “1.601 personas están percibiendo la prestación económica de asistencia personal, lo que supone un minúsculo 0,17% del total de las prestaciones o servicios reconocidos”.

Además, el presidente de Aspaym Madrid manifestó que “del total de prestaciones de asistencia personal, 1.395 son reconocidas en el País Vasco”. García Oca hizo hincapié en que “los ratios que se obtienen por cada 100.000 habitantes en otros países de nuestro entorno -como Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido e Irlanda-, oscilan entre los 169 usuarios de asistencia personal en el caso de Suecia a los 30 de Reino Unido.

Estos datos pueden contrastar, por ejemplo, con las prestaciones reconocidas por el SAAD en la Comunidad de Madrid que recogen 31 prestaciones, menos de 0,5 por cada 100.000 habitantes.

VIDA INDEPENDIENTE

Según el presidente de Aspaym Madrid, “el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad no tiene una implantación efectiva en España”. En su opinión, “la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LEPA), fracasa en la provisión de la asistencia personal” y, por tanto, “España está muy retrasada en la implantación de asistencia personal respecto a muchos países europeos”

Por último, García Oca concluyó señalando que “proyectos como la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid (OVI), impulsada por la Consejería de Asuntos Sociales y que gestiona Aspaym Madrid, demuestran la viabilidad técnica de la implantación de una solución totalmente en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006”.

“No se trata, solamente de una cuestión de derecho, sino que además es una opción económicamente más ventajosa”, agregó García Oca, “con el fin de asegurar la calidad de vida para las personas con discapacidad, que no tiene principios diferentes a los de una persona sin discapacidad”.

Durante el congreso, entre otros temas, se abordaron la legislación y las políticas públicas de discapacidad desde la perspectiva de la Convención, la figura de la incapacitación a la luz de la Convención, la igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad como requerimiento reforzado de la Convención, el empleo de calidad y la inclusión laboral en el marco de la Convención, la accesibilidad universal como presupuesto para los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como las principales vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad en España y el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad.