El conjunto del impacto económico en los últimos diez años de la planta en su entorno se sitúa por encima de los 355,5 millones destinados a compras, contrataciones, empleo, impuestos y tasas, y más de 1.500 familias dependen del funcionamiento de esta instalación, según informó el Foro de la Industria Nuclear Española.

El alcalde del Valle de Tobalina, municipio donde se ubica la central, Rafael González, señaló en declaraciones a Servimedia que la reapertura de la planta puede ser un “alivio” para las familias sin trabajo, si bien consideró “primordial” garantizar la seguridad y reclamó inversión en la zona.

El Foro Nuclear celebró la solicitud de renovación de la autorización de explotación de Garoña presentada por el Consejo de Administración de Nuclenor, sociedad titular de la planta y participada al 50% por Endesa e Iberdrola.

La solicitud se realiza para un periodo que finalizaría el 2 de marzo de 2031, fecha en la que la central nuclear cumpliría 60 años de explotación comercial, si bien por el momento está siendo estudiada por la Dirección General de Políticas y Minas, hasta que el Ministerio de Industria lo remita al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que emitirá un informe relativo a las condiciones de seguridad de Garoña.

Las centrales nucleares españolas aportaron el 20,86% de la electricidad en la cobertura de la demanda en la península en el pasado año, en concreto, con una potencia de 7.864 megavatios (MW), la energía nuclear supone el 7,27% de la potencia total instalada en España.