Los expertos son los relatores especiales Heiner Bielefeldt (sobre la libertad de religión o de creencias), Ben Emmerson (promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo), Maina Kiai (derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación), Pablo de Greiff (promoción de la verdad, la justicia y la reparación), Juan Méndez (tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes) y Christof Heyns (ejecuciones extrajudiciales), además de los grupos de sobre la detención arbitraria y sobre desapariciones forzadas o involuntarias.

"El doble veto la semana pasada a una resolución referente a la situación en Siria para la Corte Penal Internacional puede exponer a la población siria a violaciones del derecho internacional humanitario", dijeron en un comunicado, al tiempo que añadieron que el hecho de que los responsables de las violaciones de derechos humanos en Siria “puede alimentar nuevas atrocidades".

Los expertos en derechos humanos enfatizaron que, "dada la ausencia de enjuiciamiento a nivel nacional, es responsabilidad del Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación a la Corte Penal Internacional".

En este sentido, apuntaron que la remisión de la situación de Siria a la CPI habría sido “un importante y muy necesario paso tanto para proteger a los civiles contra violaciones futuras y prolongadas por parte de todos los bandos en el conflicto como para poner freno a la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario, algunas de las cuales constituyen crímenes contra la humanidad”.

El pasado mes de marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que remitiera la situación siria a la Corte Penal, tras mostrar su “profunda preocupación” por las desapariciones forzadas en el país.