La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, acepta el recurso de la mujer, que pedía la confirmación del establecimiento de la pensión vitalicia, fijada de común acuerdo, y la inexistencia de circunstancias sobrevenidas que hayan supuesto una alteración sustancial de las que se tuvieron en cuenta cuando se pactó.

En este caso, los cónyuges pactaron una pensión a favor de la mujer por convenio regulador de la separación por importe de 110.000 pesetas mensuales en 2002, la cual, de acuerdo a lo pactado, sólo podía extinguirse si se casaba o convivía maritalmente con otro hombre. Una eventual rebaja precisaría la percepción por la exesposa de ingresos superiores a 60.000 pesetas al mes.

Tras el divorcio, el marido solicitó la extinción de la pensión y le dieron la razón tanto el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Madrid como posteriormente la Audiencia Provincial, por considerar que las circunstancias pactadas habían cambiado.

Ahora, el Supremo revoca este pronunciamiento y da la razón a la mujer, manteniendo su derecho a la pensión por existencia de "desequilibrio de su situación económica actual respecto a la que tenía durante el matrimonio".

Lo hace porque no considera que se hayan modificado las circunstancias del pacto, "pues el marido se fundó en un pretendido enriquecimiento económico de la esposa y no en un empobrecimiento propio, de manera que la situación de desequilibrio inicialmente prevista en el convenio siguió manteniéndose".