Alvarez de Miranda señala en su informe que durante el pasado año envío 84 recordatorios a estas instituciones para que cumplieran con su deber de contestar al Defensor del Pueblo y remitieran los informes solicitados.

Entre las instituciones que se negaron por tres veces a enviar informes a Alvarez de Miranda seencuentran el Colegio de Abogados de Badajoz y los ayuntamientos de Barzana-Quiros (Asturias), Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Las Rozas (Madrid), Jávea (Alicante), Villares de la Reina (Salamanca) y Móstoles (Madrid).

Otros consistorios que negaron documentación al Defensor del Pueblo fueron Casarrubios del Monte (Toledo), Puerto del Rosario (Fuerteventura), Teulada (Alicante), Cortes y Graena (Granada), Badajoz, Burjón (Toledo), Albanilla (Murcia), Algar de Mesa (Guadalajara) y Pollensa (Mallorca).

Entre estos ayuntamientos destaca el de Teguise, en Lanzarote, que se negó a contestar al Defensor del Pueblo en dos ocasiones, tras haber recibido un total de 6 recordatorios. Los asuntos de los que no quiso informar el consistorio canario se referían a unas diligencias de embargo y a unas obras sin licencia en zonas protegidas medioambientales.

Por otro lado, otras 28 instituciones públicas, aun contestando a una primera solicitud de informe, no atendieron a la segunda o sucesivas peticiones de infomación realizadas por el Defensor del Pueblo por considerar la remitida insuficiente.

Entre los organismos que se negaron a contestar al Defensor del Pueblo se encuentran los ayuntamientos de Medina del Campo (Valladolid), Consuegra (Toledo), Conil de la Frontera (Cádiz), Fuente el Saz del Jarama (Madrid), Valdebezana-Soncillo (Burgos), Galinduste (Salamanca), Galapagar (Madrid), Valencia, Peñíscola (Castellón), Cartagena (Murcia), Ituero y Lama (Segovia) y Badajoz.

Tampoco respondieron a recordaorios sucesivos, a pesar de haber remitido un primer informe a Alvarez de Miranda, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, Subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo de Universidades.