Recientemente, once países europeos, entre los que está España, han alcanzado un acuerdo para crear un nuevo impuesto a las transacciones financieras que comenzaría a aplicarse en el año 2015.

Según indica el comité en una nota, aunque los sectores sociales como el de la discapacidad representado por el Cermi consideran poco ambicioso el acuerdo político europeo, que se desplegará progresivamente, estienden que es "imprescindible que los ingresos procedentes de esta tasa vayan a cubrir necesidades sociales de los grupos sociales en situación de extrema vulnerabilidad".

La decisión de dónde y a quiénes destinar esos nuevos recursos económicos es de cada Estado, por lo que el Cermi afirma que "el Gobierno español ha de configurar la tasa a las transacciones financieras de modo que nutra un fondo dirigido a combatir la pobreza y las situaciones de exclusión, que la crisis desatada en 2007 no ha hecho más que exacerbar".