En su auto, Ruz explica que procede mantener la investigación al haberse acordado el procesamiento por delitos de terrorismo, además de los de genocidio y detención ilegal, y por ser la víctima epañola, por lo que se cumplirían los requisitos exigidos por la reforma de la justicia universal.

Por tanto, el juez considera que concurren en el presente caso los supuestos necesarios “para afirmar la competencia de la jurisdicción española” y no sólo por los delitos de terrorismo, sino que “debe extenderse al enjuiciamiento de los conexos”.

Además, Ruz ha acordado reiterar la comisión rogatoria enviada a Chile el pasado mes de enero para determinar si en aquel país existe una investigación de los hechos. Una vez recibida se elevará exposición motivada al Tribunal Supremo al objeto de determinar si en Chile ha existido “disposición a actuar” en relación con los hechos.

Por tanto, el magistrado rechaza la petición del fisal de concluir el sumario y mandarlo a la Sala para que decida sobre el archivo o continuación del procedimiento “por cuanto difícilmente podrían seguirse los trámites necesarios para el cumplimiento de una comisión rogatoria y la posterior exposición razonada al TS con las actuaciones archivadas”.