Así consta en una proposición no de ley, a la que tuvo acceso Servimedia, que CiU ha presentado para su debate en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

En la exposición de motivos de su iniciativa, CiU señala que nueve países de la Unión Europea (Austria, Dinamarca, República Checa, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Suecia y el Reino Unido), además de Islandia y Suiza, ya han aprobado leyes para regular el uso comercial y profesional de los ‘drones’.

“En cambio, en el Estado español, el Gobierno no ha regulado este sector. Es más, el pasado 7 de abril, la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea publicó un documento en el que especifica que está prohibido el uso de RPAS –drones- con fines comerciales o profesionales, lo cual obliga a la paralización de actividades que ya venían desarrollando diferentes operadores del sector”, denuncia CiU.

A juicio de este grupo parlamentario, “no tiene ningún sentido” paralizar los trabajos de un sector “tan importante”, cuando países vecinos “ya han legislado y se esfuerzan en promoverlo”, dado el potencial que tiene.

CiU señala que los ‘drones’ tienen una “gran variedad de aplicaciones”, como la realización de cartografías a partir de técnicas fotogramétrica, agricultura inteligente (que permiten un uso más eficiente del agua o del control de las plagas), inspección de líneas de alta tensión, detección de incendios forestales, inspección de líneas ferroviarias, reconocimiento de lugares afectados por catástrofes naturales, etc.

VENTAJA

La principal ventaja de esta tecnología, dice CiU, es que permite “hacer trabajos a un coste muy inferior y con menos tiempo”. Recuerda además que, según la Comisión Europea, esta tecnología “llegará a acaparar el 10% del mercado aeronáutico en una década, con un volumen de negocio de 15.000 millones de euros al año”.

CiU no es el único grupo parlamentario que aboga por el uso civil de los ‘drones’. El Grupo Parlamentario La Izquierda Plural, liderado por Cayo Lara, y a través de la diputada de ICV Laia Ortiz, también apostó por esta salida recientemente y urgió al Ejecutivo a impulsar las modificaciones legales necesarias para acabar con la citada prohibición.

En una pregunta por escrito dirigida al Gobierno, Laia Ortiz señala que el Ejecutivo debe ser consciente de que “cualquier dilación” en la regulación de industrias emergentes, como pueda ser la aeronáutica, “puede condenar a las empresas españolas a quedarse atrás en unas áreas de mucha competencia y, en consecuencia, a perder otra oportunidad de crear empleo y riqueza en España”.