Según explicó Feijóo, con este convenio se pretende hacer frente a prácticas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema y los servicios esenciales y generan, además, importantes desigualdades entre los trabajadores. Para ello, se reforzará la coordinación entre ambas administraciones para "detectar y, en consecuencia, corregir, las prácticas fraudulentas”.

A tal efecto, se constituirá un grupo de trabajo especializado que estará integrado, con carácter permanente, por representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio adscritos a la Comunidad, y por autoridades y personal de la Dirección General de Trabajo y Economía Social y del Servicio Público de Empleo de Galicia.

El protocolo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre, pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, y, según la Xunta, refuerza y complementa los objetivos recogidos en el Plan gallego de lucha contra el fraude de prestaciones y contra el trabajo no declarado, que persigue detectar irregularidades en los deberes derivados de la percepción de las distintas prestaciones, subsidios y rentas para personas en situación de desempleo e impulsar el afloramiento de la economía sumergida.