El proyecto de ley, que lleva a la legislación las recomendaciones del Informe de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA), incluye la supresión de organismos públicos de diversos ministerios y procedimientos administrativos que el Gobierno ha considerado superfluos o duplicados, de los cuales los más llamativos son el Consejo de la Juventud y el Instituto de la Mujer.

También elimina diversos observatorios sobre la salud, el tabaquismo y el cambio climático para dar sus competencias a un nuevo y único Observatorio de la Salud y otro Consejo Español sobre Drogodependencias y otras Adicciones.

En el ámbito de relación con las comunidades autónomas, convierte al BOE en el tablón de anuncios único para todas las administraciones, centraliza en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación la evaluación y homologación de titulaciones universitarias, otorga al estatal las atribuciones de todos los observatorios sobre el empleo y atribuye al Tribunal de Cuentas labores fiscalizadoras en las comunidades autónomas que no cuentan con órganos equivalentes.

Entre los grupos parlamentarios, PSOE, CiU, PNV y BNG criticaron las medidas que entienden que conculcan el Estado autonómico, UPyD que éstas se queden demasiado cortas y se centren en la Administración General del Estado y no toquen las autonómicas, en tanto que los socialistas e IU lamentaron el menoscabo que el proyecto de ley supone para el sector y el empleo público.