Ríos Montt fue condenado en su país a 80 años de cárcel en mayo de 2013. La sentencia fue posteriormente anulada por el Constitucional en una decisión de dudosa legalidad por razones de competencia.

El juicio a Ríos Montt y su posterior anulación reavivó la profunda división de la sociedad guatemalteca, donde los sectores ultraconservadores se han empeñado a fondo en afirmar que “en Guatemala no hubo genocidio”.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos denuncian que la presión de estos sectores “condiciona a los jueces en el juzgamiento de los delitos cometidos durante el conflicto armado” y constituye “un nuevo episodio de una actitud revisionista expresada por funcionarios públicos de alto nivel que reiteradamente niegan los hechos documentados por el Informe da la Comisión para el Esclarecimiento Histórico”.

Entre 1960 y 1996, Guatemala sufrió un conflicto armado interno que condujo al genocidio de la población indígena maya por parte del Ejército. Más de 250.000 personas fueron ejecutadas, torturadas, violadas o desaparecidas. En diciembre de 1999, Rigoberta Menchú y diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron ante la Audiencia Nacional española los crímenes de genocidio, torturas y terrorismo ocurridos en Guatemala, amparados en el principio de justicia universal.

El 26 de julio de 2011, el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, presidido por Santiago Pedraz, admitió la ampliación de querella presentada por Women's Link y el Center for Justice and Accountability, que estaban impulsando la investigación específica de los crímenes de género contra las mujeres mayas, que fueron objeto de violaciones sitemáticas, torturas extremas y muerte.

La ampliación, que solicitaba la investigación y enjuiciamiento de crímenes de género constitutivos de genocidio y torturas, había sido presentada en mayo de 2011 ante este juzgado. Esta decisión sentaba un precedente único al ser la primera vez que un tribunal nacional afirma que existe la obligación de investigar los crímenes de género ocurridos durante un genocidio.

En junio de 2011 testificaron ante el juez como peritos expertas en tema de violencia de género, Patricia Viseur Sellers y María Eugenia Solís, siendo la primera vez que se realizaban este tipo de peritajes en el marco de las causas de justicia universal que se investigan en la Audiencia Nacional española.

A raíz de la estrategia de litigio implementada en España en la Audiencia Nacional, Women’s Link está trabajando en la promoción de la investigación de crímenes de género ante tribunales guatemaltecos y ha presentado peritajes de género por los crímenes ocurridos durante el genocidio guatemalteco contra las mujeres indígenas.

Según las estimaciones de esta organización, alrededor de 1.465 mujeres indígenas fueron violadas, torturadas y muertas. Varias víctimas supervivientes han relatado como muchas de sus vecinas y familiares fueron empaladas, violadas repetidamente, quemadas vivas, mutiladas e incluso a algunas menores se les abrió el pecho para sacarles el corazón o se les extrajeron los fetos a mujeres embarazadas.