Esta organización calificó de “hecho histórico en la lucha contra la impunidad en España” que Servini se encuentre en España para trabajar en “la única investigación abierta en todo el mundo por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo”.

“Esta investigación de la justicia argentina, además, pone en evidencia la actuación de los sucesivos gobiernos españoles de la democracia. Después de 40 años, las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo no han conseguido verdad, justicia ni reparación en España”, aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Beltrán señaló que esta visita “demuestra la importancia de la jurisdicción universal” y recalcó que “los crímenes más graves deben ser perseguidos siempre, sin importar dónde se cometieron o la nacionalidad de las víctimas o presuntos autores”.

Para AI, las autoridades españolas han demostrado “falta de voluntad política para que estos crímenes de derecho internacional se investiguen”, ya que “el Poder Judicial deniega investigar y archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas, la Fiscalía no colabora con las peticiones de auxilio judicial internacional de Argentina al no transmitir la información solicitada afirmando, sin ser cierto, que España está investigando, y asegurando que tiene jurisdicción preferente para hacerlo”.

Además, añadió que el Parlamento español “no sólo es reacio a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sino que además ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977”.

“OBLIGADA A INVESTIGAR ESTOS CRÍMENES”

Subrayó que el Gobierno “ha obstaculizado las declaraciones de víctimas”, puesto que Servini quiso tomar declaraciones por videoconferencia a víctimas de tortura en mayo de 2013, pero las suspendió después de que el embajador argentino en Madrid le informara de la recepción de una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores manifestando “el descontento y malestar que causaba a las autoridades” españolas la forma de recabar esos testimonios.

“España está obligada a investigar estos crímenes, a colaborar y, en su caso, a no obstaculizar el trabajo de investigación de la justicia argentina de dichos crímenes, con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas”, concluyó.