En un comunicado, Exteriores señala que esta resolución vulnera la libertad de religión o creencia reconocida en los tratados internacionales, así como la propia Constitución sudanesa.

El Gobierno lamenta profundamente esta noticia y confía en que esta grave decisión judicial pueda ser revertida dentro de las vías procesales o gubernamentales previstas en Sudán.

El Ejecutivo defiende la libertad de religión o creencia como un derecho humano fundamental e inviolable, cuyo disfrute los Estados deberían garantizar y en ningún caso sancionar.

Asimismo, reitera su oposición a la pena de muerte en cualquier lugar y circunstancia. La condena de una mujer embarazada resulta además contraria a los estándares mínimos en materia de aplicación de la pena de muerte.