El documento argumenta que las leyes más restrictivas en relación a la interrupción voluntaria del embarazo limitan también la educación en salud reproductiva, lo que incrementa los embarazos no deseados y el número de abortos.

Por el contrario, indica que las leyes más permisivas contienen medidas de acceso a la anticoncepción y promoción de la salud sexual, y como consecuencia han traído un descenso en el número de abortos.

El informe, que analiza las legislaciones y las cifras de interrupción del embarazo de varios países europeos, pone como ejemplos a Holanda y a Rumanía. El primero tiene una ley muy laxa y una de las tasas de abortos más bajas de la UE, al tiempo que ofrece una muy amplia formación en cuanto a salud reproductiva

Respecto a Rumania, asegura que el cambio legislativo y las campañas del Estado y de las organizaciones de planificación familiar han conseguido en ese país, donde el aborto estuvo prohibido durante años, hacer descender el número de embarazos no deseados y de interrupciones voluntarias.

En la presentación del informe, Julia Nogueira, experta en igualdad de oportunidades, señaló que la actual ley de plazos española “es equiparable” a la mayoría de las de los países europeos, con la diferencia de que muchas de ellas fueron aprobadas en los años 80 o 90.

La ley actual logró reducir los abortos un 5% durante el último año, apuntó Nogueira, que añadió que disminuyeron las menores de 18 años que interrumpieron su embarazo.

Nogueira apuntó que, dadas las cifras de abortos en España, no se puede concluir que esta práctica se utilice como método anticonceptivo ni que influya en la caída de la natalidad.