Así lo transmite en una carta dirigida al director general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Joaquín José Rodríguez.

En ella, el Cermi explica que han recibido varias quejas que hacen referencia a la falta de accesibilidad de los despachos notariales y, por tanto, al incumplimiento de la normativa que regula esta actividad.

Esta normativa establece que los locales en los que se ubican las notarías y los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, “deben estar adaptados para que pueda accederse a ellos y servir de puestos de trabajo para personas con discapacidad”.

Además, el Cermi Estatal también señala que el Comité autonómico de Melilla les ha informado de que de las tres oficinas notariales existentes en esa ciudad autónoma, “ninguna de ellas reúne condiciones de accesibilidad, por lo que los usuarios con reducción de movilidad no pueden acceder con normalidad a los servicios notariales, siendo excluidos de un dominio público esencial para cualquier ciudadano”.

Por ello, solicita a la Dirección General de los Registros y del Notariado que lleve a cabo una auditoría sobre las condiciones de accesibilidad universal de todas las notarías del país para conocer su grado de accesibilidad y, a partir de la información que se obtenga, preparar un plan de actuación que permita subsanar las deficiencias que se encuentren.

Asimismo, el Cermi indica en su escrito que toda la información oficial (páginas de internet, guías, etc.) sobre la relación de notarías existentes, y que está disponible para la ciudadanía en general, “debería incorporar datos sobre el grado de accesibilidad para que los usuarios puedan saber de antemano las condiciones del servicio en este tipo de aspecto”.

Para el Cermi, estas medidas operativas deberían ir acompañadas de una modificación del reglamento notarial vigente para incluir en el mismo la obligación de que las oficinas notariales sean accesibles y que sólo podrán prestarse los servicios notariales en locales que respeten la legislación sobre accesibilidad aplicable.

“Garantizar la accesibilidad a los servicios públicos forma parte esencial del derecho de no discriminación de las personas con discapacidad”, incide el Comité; y, por ello, pide el compromiso del Ministerio de Justicia en este sentido y ofrece, al mismo tiempo, su colaboración a los efectos que consideren oportunos.