La confederación criticó esta reforma, que podría ser aprobada el próximo mes de junio en el Congreso de los Diputados, porque en su opinión es “antieconómica y antisocial” y se sustenta en el estigma, la discriminación y los prejuicios, además de que atenta contra los derechos fundamentales a través del establecimiento de la cadena perpetua, algo que, en su opinión, genera una grave inseguridad jurídica.

Los familiares y las personas con enfermedad mental de Andalucía denunciaron, además, que la reforma es contraria a la recuperación y la reinserción social de las personas con enfermedad mental y subrayaron que “la enfermedad mental no es un delito”.

Tras celebrar las jornadas bajo el título ‘Salud Mental en la reforma del Código Penal’, Feafes Andalucía pidió a Rajoy que el proyecto de ley, con el que se modificará el actual Código Penal, respete los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y que del texto se elimine cualquier asociación entre los conceptos de ‘enfermedad mental’ y ‘peligrosidad’.

Además, la asociación se posicionó en contra de la posibilidad de que una persona pueda ser internada en un centro psiquiátrico de manera indefinida a través de la figura de las medidas de seguridad prorrogables.

También exige que reforma de la Ley Orgánica 10/1995 del Código penal en trámite parlamentario “tenga un mayor enfoque de derechos humanos”, al tiempo que reinvidica que las personas con enfermedad mental tengan garantizada una atención adecuada y que los tratamientos estén orientados a la recuperación y a la integración social.