El portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, denunció que se está produciendo “un auténtico ERE” con los jueces sustitutos bajo la excusa de la profesionalización. Puso en cuestión que jueces catalanes aparecieran fotografiados en medios y dijo que sería especialmente grave que la Policía les hubiera retratado poniendo en cuestión la independencia del Poder Judicial.

Gaspar Llamazares, de La Izquierda Plural, pidió comparecencias más frecuentes del CGPJ o bien comparecencias sectoriales sobre distintos aspectos de la Justicia, interpretó que los ciudadanos sienten alarma por el impacto de los copagos en la tutela judicial efectiva, de forma que ésta será, a su juicio, distinta según los niveles de renta.

Sobre la Ley del Poder Judicial, Llamazares advirtió de que podría producir una “deconstrucción de la colegiación” del CGPJ al distinguir entre miembros permanentes y no permanentes, “numerarios” y “supernumerarios”.

Además, denunció el “agujero negro” por el que la Comisión Permanente del CGPJ se encarga de asuntos que no les corresponderían, alertó del peligro de ascensos pactados y preguntó qué va a hacer el CGPJ sobre la formación de los jueces de cara a una mayor sensibilidad social.

NACIONALISTAS

Desde CiU, Jordi Jané criticó que no se ha solucionado el problema de las filtraciones de datos de sumarios a los medios de comunicación, la disminución de sentencias en catalán en Cataluña del 19 al 12% respecto a 2008 por, a su juicio, no considerar requisito el dominio de este idioma a los jueces destinados allí, y ciertos problemas de traducción a él de sentencias.

Por último, advirtió de que la Ley Orgánica del Poder Judicial podría amordazar a jueces, como en los expedientes abiertos a jueces catalanes por opinar sobre el derecho a decidir y pidió que se archive la causa contra ellos, así como que tenga en cuenta los consejos de Justicia autonómicos que prevén varios estatutos, entre ellos el catalán, y que no derogó el.

El representante del PNV, Emilio Olabarría, tachó de “surrealista” que la comparecencia fuera inicialmente para exponer datos de 2012, aunque Lesmes había ofrecido otros de 2013. Expresó “reservas jurídicas y de constitucionalidad” a lo que considera una refundación del CGPJ con la nueva ley orgánica del Poder Judicial cuyo anteproyecto aún tiene que emitir su informe este órgano; recomendó el procedimiento de lectura única cuando sea posible y preguntó qué va a pasar con los jueces suplentes.

Desde ERC, Joan Tardà empezó preguntando a Lesmes si despreciará la lengua catalana como a su juicio hicieron sus predecesores Francisco José Hernando y Carlos Dívar, subrayando que ahora se redactan menos sentencias en catalán que en 2007. También denunció que los jueces que opinaron a favor del derecho a decidir de Cataluña hayan sido víctimas de las cloacas del Estado y encima el Poder Judicial les “llame a capítulo” por reunirse en sus ratos libres para comentar el tema, cosa que “tienen todo el derecho para hacerlo”.

Criticó también que el “modelo de impunidad” del Estado español ha culminado con la nueva ley que condiciona la justicia universal, un modelo, dijo, que “no tiene parangón” con otros países que también han sufrido dictaduras pero han reparado a las víctimas. Además, lamentó el “hachazo” a los jueces sustitutos, las tasas judiciales y, en general, todas las medidas adoptadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que adelantó que serán revertidas en cuanto cambie la mayoría parlamentaria.

Finalmente, en nombre del PP, José Miguel Castillo reprochó que algunos portavoces aprovecharan la comparecencia del presidente del CGPJ para cuestionar la reforma de este órgano, que no era el objeto de aquella. En cambio, alabó a Lesmes por su “magnífica labor” y su talante dialogante. Sí coincidió con otros portavoces en la conveniencia de modificar el procedimiento para que el presidente del Consejo comparezca ante el Congreso en una fecha más próxima a los datos judiciales que va a exponer en su intervención.

Criticó que muchos procedimientos contra jueces por sus retrasos en la tramitación de los sumarios hayan quedado sin sanción precisamente por demoras en la investigación contra ellos, y también puso en duda que la carga judicial sea tan grande como se piensa, para lo que reclamó estudios rigurosos.