Los firmantes reclaman que en dichos planes se articulen claramente las medidas concretas por las que los Estados se comprometen a tomar medidas que cumplimenten el deber de protección frente los abusos relacionados con los derechos humanos por parte de las empresas.

Así, consideran que los planes deben estar basados en la evidencia y por lo tanto tienen que desarrollarse sobre un análisis que identifique los vacíos legales y los marcos regulatorios a los que responder de una forma directa. Además, la construcción de estos documentos deben realizarse a través de un proceso de diálogo y consulta con los distintos grupos de interés.

Otros elementos que deben estar incluidos, según las organizaciones firmantes, son la garantía de una coherencia política, la inclusión de unos compromisos por parte de los Estados para establecer y hacer cumplir las normas de protección de los derechos humanos frente a los abusos que se pudieran producir en esta materia, y garantizar el acceso a una protección jurídica efectiva.

Por último, se reclama identificar y participar en la vigilancia y los mecanismos para la evaluación periódica de informes sobre la implementación de las medidas propuestas en los mencionados planes.