Según el analista político Roberto Dorado, entre ambos sucesos, y a pesar de la enorme diferencia de motivación, pues el barco iba a faenar (a ganar dinero) y los cooperantes a llevar ayuda solidaria, también hay una semejanza. "En los dos casos fueron a zonas de alto riesgo declarado".

Sobre este factor común, el autor apunta que, aunque el Estado tenga "la obligación moral de intentar proteger y salvar, dentro de lo posible, la vida de sus conciudadanos", habría que "distinguir" entre los planes de evacuación para rescatar a víctimas españolas de catástrofes naturales en el extranjero y las operaciones que hay que poner en marcha para arreglar los mencionados "entuertos producto de la irreflexión o de la irresponsabilidad".

Dorado comenta en un artículo recogido por Servimedia que "ignorar los avisos de riesgo por deseo de lucrarse o simplemente por voluntarismo solidario tienen graves consecuencias, como poner en peligro vidas humanas, generar nuevos problemas al Estado y cuantiosos gastos". Por ello, cree que "convendría que se hiciera público el coste de estas operaciones", con el objeto de que "los ciudadanos valoren el esfuerzo que tiene que realizar el Estado en estas circunstancias y lo que les cuesta que se lleven a cabo".

Aún más: desde la revista "Temas para el debate" se sugiere que "aprobar una proposición no de ley que marque los límites del esfuerzo estatal en esas ocasiones, a ser posible firmada por todos o casi todos los grupos parlamentarios, porque, al ritmo que vamos, o se hace algo de este tenor o en algún momento cualquier Gobierno puede tener una demanda por denegación de auxilio".