“Creemos ajustado a nuestra normativa básica sobre igualdad, así como justo, que el bono social eléctrico tenga en consideración las necesidades de las personas con discapacidad”, afirma el Cermi.

Además, considera que la propuesta resulta “coherente” con la propia finalidad de esta medida social, ya que, según dispone su norma de creación, “ésta se configura como una protección adicional del derecho al suministro de electricidad y se considera obligación de servicio público”.

En este sentido, el Cermi destaca que “una de las consideraciones que ha de tenerse en cuenta al contemplar la discriminación de las personas con discapacidad es que esta situación les supone, además de un buen número de prejuicios que limitan o condicionan su desarrollo personal y social, un importante sobrecoste en su presupuesto familiar”.

También, la plataforma de la discapacidad recuerda en la propuesta el estudio encargado por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona, que confirma que “a mayor grado de discapacidad, más agravio económico comparativo existe con relación al resto de la población.

Según el Cermi, “las prestaciones y ayudas técnicas que suplen las dificultades que tiene este colectivo suponen un coste de inversión para el afectado, no siendo mínimamente suficientes las ayudas públicas existentes para cofinanciar dignamente los costes que conlleva la discapacidad”.

Por otra parte, el Cermi también señala que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y reclama a los poderes públicos su deber de establecer medidas contra la discriminación y de acción positiva, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Lioundau).

“Las medidas de acción positiva podrán consistir en apoyos complementarios, normas, criterios y prácticas más favorables, pero también podrán ser ayudas económicas”, añade el Cermi en el comunicado.

Por último, el Cermi entiende que la modificación que propone puede realizarse mediante Orden del Ministerio, “teniendo en cuenta la facultad conferida al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos) para determinar las características sociales, de consumo y poder adquisitivo requeridas para dar derecho al bono social”.