Villares, quien señaló que el pasado 27 de marzo el Gobierno aprobó este decreto, dijo que éste “ha recibido denuncia de los ecologistas por discriminación en participación pública”.

Tras referirse al derecho de los madrileños y sus asociaciones a la participación en la toma de decisiones medioambientales, afirmó que en Castilla y León se abrió un proceso en el que los ciudadanos pudieron responder a la pregunta de “cómo mejoraría usted el proyecto para regular los citados órganos de participación”.

“Los madrileños no pudimos opinar, lo único que se nos ha permitido es leer el decreto de la constitución de los órganos de gestión del espacio de mayor protección ambiental de la región, ocultando todo el procedimiento de su elaboración y cómo se sigue incumpliendo la Ley de Participación Pública”, destacó.

El director general de Medio Ambiente, Ricardo Riquelme, respondió a las peticiones de la diputada de IU señalando que “no es necesario que exista ese proceso de participación pública”, y explicó que la ley que regula la participación pública contempla excepciones como las relativas a los reglamentos de carácter organizativo.

Riquelme indicó que en Castilla y León se produce el proceso de participación pública porque esta comunidad cuenta con “una normativa específica que Madrid no tiene”.