El tema de fondo de este estudio está dedicado al análisis de “los avances y retos” de las políticas en “lucha contra la discriminación y el antigitanismo” en los últimos 20 años. Este análisis incluye los casos atendidos en 2023 y también los actuales litigios estratégicos emprendidos por la fundación, jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), buenas prácticas en la lucha contra la discriminación y un anexo de legislación y estudios sobre antigitanismo.

En el informe de este año se recogen 384 casos de discriminación y antigitanismo, en los siguientes ámbitos: en malas prácticas de los medios de comunicación e internet, con un total de 63 casos; en las redes sociales, con un total de 136 casos, “muchos de ellos discursos de odio muy graves” contra las personas gitanas; en el acceso al empleo, con 32 casos; en acceso a bienes y servicios, con 65 casos; en los servicios policiales, con 11 casos; en educación, con 27 casos; en vivienda, con 28 casos; en salud, con 9; y en otros (entre los que se incluyen los casos más extremos de delitos de odio), con 13 casos.

El informe también recoge estadísticas de la evolución de los casos por ámbitos de estos últimos 20 años, con un total de 4.608 casos de discriminación recogidos y atendidos por la FSG desde 2004.

En cuanto a la denuncia de los casos, desde la FSG se constataron dos tendencias aparentemente contradicto­rias. Por una parte, se aprecia “una mayor concienciación de las víctimas” a la hora de denunciar los casos, y un mayor interés en la defensa de sus derechos humanos. Pero, por otra parte, a pesar de exponer los casos y buscar apoyo, en muchas ocasiones las personas que han sufrido estos incidentes “no quieren realizar ninguna acción de queja” o denuncia: “sigue habiendo cierta desconfianza” en las autoridades y las instituciones del Estado a la hora de llevar a cabo acciones de denuncia o de iniciar procedimientos judiciales.

Finalmente, en el Informe se destaca que la aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación en el año 2022 ofrece un marco de protección frente a la discriminación más amplio. Ahora bien, la FSG lamentó que estos avances normativos “no se estén aplicando de manera totalmente efectiva”, dado que “no se ha creado todavía la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato”, a pesar de haber transcurrido dos años desde que acabara el plazo de seis meses que estipulaba la ley para su creación.

Asimismo, intervinieron agentes clave en “la lucha contra la discriminación”: el fiscal de sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar; la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo del Ministerio de Igualdad, Beatriz Carrillo; el jefe de servicio de la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior, Tomás Fernández Villazala; la abogada y activista por los derechos humanos, Pastori Filigrana; y la directora de Comunicación del diario Público, María José Pintor, quienes aportaron diferentes enfoques sobre las políticas de lucha contra la discriminación.